La Mancomunidad Ciempozuelos-Titulcia para la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos iniciará la revisión de oficio del acuerdo mediante el cual se reconoció, en 2013, la deuda que este organismo mantenía con la empresa encargada de la recogida de basuras y limpieza viaria.
Este procedimiento se inicia tras los informes técnicos municipales que afirman que el reconocimiento de deuda que se aprobó en su día es nulo de pleno derecho. En la Junta General que tuvo lugar ayer, lunes 4 de abril, Ahora Ciempozuelos, PSOE, PIC y el PP de Ciempozuelos se mostraron a favor de iniciar el proceso para declarar la nulidad del acuerdo, mientras que el PP de Titulcia votó en contra y el CPCI se abstuvo.
En 2013, la Mancomunidad Ciempozuelos-Titulcia fue condenada al pago de 3.761.458,58€ más intereses de demora por no haber abonado a la empresa el canon acordado. En 2013 no se recurrió la sentencia y se asumió un compromiso de pago que se ha acordado revisar al considerarse que, a la vista de los informes técnicos, es nulo de pleno derecho. Esa nulidad se sustentaría en dos motivos:
– Al reconocer esa deuda, se reconoció un gasto superior al autorizado por el presupuesto. De hecho, el presupuesto global de la Mancomunidad para ese año era inferior al total de la deuda.
– En esta deuda se reconocieron facturas que el Ayuntamiento no estaba obligado a abonar, porque estaban ya incluidas en los pliegos como obligaciones de la empresa.
Desde la Mancomunidad, dada la relevancia de la situación, se elevará el caso a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para su estudio. Por otra parte, hay otro procedimiento relacionado con esta misma empresa a la espera del informe preceptivo de dicha Comisión Jurídica para declarar definitivamente nulo el contrato de recogida de residuos sólidos.
Mientras la situación se resuelve definitivamente y durante el tiempo que dure la resolución de este contrato, para no perjudicar al personal que trabaja en la referida empresa, se abonará mensualmente una cantidad total de 65.896,72€, cifra que, según consta en declaración en sede judicial, corresponde al total de los gastos mensuales del servicio.
La Mancomunidad ha cumplido en todo momento con sus obligaciones de pago, aunque se considera necesario declarar nulos estos aportes por la vía administrativa, ya que lo pagado es consecuencia de un contrato que los informes consideran nulo de pleno derecho y que genera un claro perjuicio a los intereses del municipio.