El derecho de la ciudadanía a relacionarse y comunicarse por medios electrónicos con las administraciones públicas comporta la necesidad de definir claramente una sede administrativa electrónica, mediante la cual la ciudadanía pueda acceder a la información y a los servicios de la administración titular con las mismas garantías que si lo hiciera presencialmente.

La sede electrónica debe dotarse, por lo tanto, de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen que los contenidos y los servicios se prestan bajo los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad e identificación, y autenticación.

La titularidad de la sede electrónica de la CAIB corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la cual asume la responsabilidad respecto de la integridad, la veracidad y la actualización de la información y los servicios que la integran.

La gestión y la administración de la sede electrónica corresponden a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico; a los órganos directivos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y a los órganos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 113/2010 en cuanto a la gestión concurrente de los contenidos, y a la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno a la hora de revisar la calidad y de mantener actualizado el Inventario de procedimientos.